El grupo municipal popular del Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha presentado una moción en el pleno para instar al Gobierno de España a ingresar los 750 millones de euros que adeuda a las entidades locales en concepto de entregas a cuenta del IVA del año 2017.

Una cantidad de dinero que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva retrasando desde agosto de 2019, señalan los ‘populares’ de Boadilla. Primero, Sánchez alegó que no podía entregarla por encontrarse su Gobierno en funciones, “esgrimiendo un inexistente informe de la Abogacía del Estado que más adelante rebajó al nivel de consultas verbales”.

Más adelante, en octubre de 2019, el presidente del Gobierno anunció que sí procedería a actualizar los pagos de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y las entidades locales “tras haber desaparecido de manera misteriosa, y electoralista, los supuestos impedimentos legales que esgrimía meses antes”, recoge la moción.

Sin embargo, pocos meses después, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “llegó a afirmar, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 28 de enero de 2020, que no devolvería los 2.500 millones del IVA de 2017 a las comunidades autónomas y dijo que esa cantidad <<no existía>>.  Negativa que extendió a las entidades locales en la sesión de la Comisión Nacional de Administración Local celebrada el día 10 de febrero de 2020”, afirma el PP boadillense.

Ahora, un año después, el Tribunal Supremo, tras resolver un recurso presentado por Castilla y León, ha avalado que “Sánchez y Montero discriminaron a las comunidades autónomas y las entidades locales al decidir, conscientemente, no atender sus obligaciones legales y no pagarles el IVA que les adeuda del ejercicio 2017”.

Es más, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS considera probado que “se vulneró el derecho a la autonomía financiera de las comunidades autónomas –por tanto, también, la de las entidades locales”, señalan en el PP de Boadilla; que el gobierno no aplicó el principio de lealtad institucional en la actuación de las administraciones públicas y llevó a cabo durante 2019, ante la reclamación de Castilla y León, iniciativas que indicaban que asumía que procedía la compensación.

En este sentido, el Supremo también ha dado la razón esta misma semana a la Xunta de Galicia, que también recurrió la negativa del Gobierno de transferir las cantidades pendientes a las Comunidades Autónomas.

Por todo ello, el Partido Popular de Boadilla del Monte pedirá en el pleno municipal que se exija al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla la ley y “haga efectivo el pago de los 750  millones de euros en que se cuantifica el perjuicio causado a las entidades locales por el desplazamiento de ingresos de IVA del mes de diciembre de 2017”, una cantidad que, señalan en el PP, “ no constituye ninguna dádiva o favor, sino el pago de una deuda que el Gobierno mantiene desde hace dos años con todos los vecinos de los municipios, provincias, cabildos y consells de España”.

Por otro lado, desde el PP de Boadilla se exige también al Gobierno de Sánchez “que deje de discriminar a las entidades locales y ponga en marcha el fondo para la reconstrucción local de 3.000 millones de euros y el fondo para paliar el déficit del transporte público local de 1.000 millones euros y, por último, que permita a los Ayuntamientos, Diputaciones, cabildos y consells de España gestionar el 14,6% de los fondos de recuperación europeos”.

Por último, el grupo municipal ‘popular’ de Boadilla pide presentar un proyecto de ley de modificación del actual sistema de financiación local que aporte seguridad jurídica y una financiación adecuada a las entidades locales.