El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados
ha instado al Gobierno con una Proposición no de Ley a que permita el uso del 100% del
superávit a los ayuntamientos para la lucha contra el Coronavirus.
Concretamente, el Grupo Popular reclama al Ejecutivo que permita “flexibilizar la Regla
de Gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera para que todos los Ayuntamientos puedan disponer del 100%
del superávit generado en el año 2019 para implementar aquellos servicios, ayudas y
medidas extraordinarias que permitan actuar contra los negativos efectos sanitarios,
sociales y económicos derivados de la pandemia del COVID-19 siempre que no supongan
gastos estructurales”.
Con dicha iniciativa, firmada por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cayetana
Álvarez de Toledo, los vicesecretarios del PP Antonio González Terol y Elvira Rodríguez,
y el portavoz adjunto del GPP, Mario Garcés, el GPP plantea que “el superávit podrá
destinarse a gasto corriente o inversión y estos no computarán en la regla de gasto ni en
la estabilidad presupuestaria, no siendo necesaria la aprobación Plan EconómicoFinanciero para los supuestos de incumplimiento por uso del Remanente de Tesorería
para Gastos Generales”.
De igual manera, propone “autorizar a los Ayuntamientos a realizar gastos no
estructurales en áreas de las que estrictamente no son competentes (empleo,
educación…) para la puesta en marcha de políticas, iniciativas y/o ayudas propias o
complementarias de otras autonómicas y/o estatales para una conseguir atender de
manera rápida, coordinada y eficaz a los vecinos afectados por la crisis del coronavirus y
lograr que la recuperación económica y del empleo se produzca a la mayor brevedad”.
Además, insta al Ejecutivo a “prorrogar los plazos para que las Inversiones
Financieramente Sostenibles, financiadas con cargo al superávit de 2019, puedan
ejecutarse en 2021 dado que la suspensión de plazos administrativos como consecuencia
del estado de alarma conllevará que muchas de ellas no puedan acabarse en 2020”.
También solicita al Gobierno que implante medidas para que los Ayuntamientos puedan
aplicar su superávit a la finalidad prevista en el RDL 8/2020, como “la supresión del límite
de la previsión de la estabilidad presupuestaria en la liquidación de 2020; la sustitución de la función interventora por el control financiero permanente para la gestión de ayudas a
personas vulnerables; y que no sean consideradas subvenciones las prestaciones
económicas del Sistema de Servicios Sociales de CCAA y Entidades Locales a personas
y familias en situación o riesgo de emergencia y/o exclusión social”.
Finalmente, exige al Gobierno “respetar y garantizar la autonomía que la Constitución y
las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, del dinero público
que es de todos y cada uno de los españoles no de un gobierno en concreto”.
Asimismo, con otra Proposición no de Ley, el GPP insta al Gobierno “a permitir que las
entidades locales puedan desarrollar dentro del escenario presupuestario 2020, en el que
se incluye la aplicación del remanente de tesorería del año 2019, competencias que no le
son propias para complementar las medidas y ayudas puestas en marcha por otras
administraciones para hacer frente a la pandemia”.
De igual manera, reclama al Ejecutivo que eleve “la tasa de reposición al 100% de la
plantilla ya existente para los Ayuntamientos que han cumplido las reglas fiscales y
disponen de remanentes para posibilitar una eficaz prestación de los servicios públicos
(muchos de los cuales tienen el carácter de esenciales ante la crisis del COVID-19) ante
la existencia de numerosas vacantes en las plantillas y el envejecimiento de las mismas”.
El GPP exige también que se permita “levantar la suspensión de los plazos para la
tramitación de los procedimientos de las entidades del Sector Público decretada en la
Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma en lo relativo a la contratación pública para no interrumpir los
procesos de contratación de las entidades locales y así agilizar la recuperación económica
y del empleo tras la finalización del confinamiento”.
Dicha propuesta se justifica porque “permitiría a las administraciones locales seguir con
sus procesos de contratación habituales sin generar retrasos en los servicios ni colapsos
cuando finalice el periodo de confinamiento”.
Además, se pide al Gobierno que “considere la pandemia como una situación de grave
peligro, al objeto de que las Entidades Locales puedan adquirir bienes y contratar los
servicios y suministros necesarios para hacer frente a sus efectos, mediante la tramitación
de emergencia prevista en el art.120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público”.
Finalmente, se insta al Ejecutivo a “pagar los 700 millones que el Estado adeuda al
conjunto de las entidades locales del IVA correspondiente a diciembre de 2017; a poner
en marcha medidas extraordinarias de liquidez, especialmente para que aquellas
entidades locales que no hayan tenido superávit en sus cuentas públicas puedan poner
en marcha medidas y ayudas puestas frente a la pandemia; a designar a las entidades
locales como beneficiarias de aquellos Fondos de impulso prioritario de políticas sociales
y de reconstrucción social y económica que se habiliten por el Estado dirigidos a las
CCAA; y que la nueva programación de Fondos e Iniciativas Europeas 2021-2027 se
reoriente y adapte a la reconstrucción de las economías locales con la creación de fondos
específicos cuyos destinatarios sean las entidades locales”.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados
ha instado al Gobierno con una Proposición no de Ley a que permita el uso del 100% del
superávit a los ayuntamientos para la lucha contra el Coronavirus.
Concretamente, el Grupo Popular reclama al Ejecutivo que permita “flexibilizar la Regla
de Gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera para que todos los Ayuntamientos puedan disponer del 100%
del superávit generado en el año 2019 para implementar aquellos servicios, ayudas y
medidas extraordinarias que permitan actuar contra los negativos efectos sanitarios,
sociales y económicos derivados de la pandemia del COVID-19 siempre que no supongan
gastos estructurales”.
Con dicha iniciativa, firmada por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cayetana
Álvarez de Toledo, los vicesecretarios del PP Antonio González Terol y Elvira Rodríguez,
y el portavoz adjunto del GPP, Mario Garcés, el GPP plantea que “el superávit podrá
destinarse a gasto corriente o inversión y estos no computarán en la regla de gasto ni en
la estabilidad presupuestaria, no siendo necesaria la aprobación Plan EconómicoFinanciero para los supuestos de incumplimiento por uso del Remanente de Tesorería
para Gastos Generales”.
De igual manera, propone “autorizar a los Ayuntamientos a realizar gastos no
estructurales en áreas de las que estrictamente no son competentes (empleo,
educación…) para la puesta en marcha de políticas, iniciativas y/o ayudas propias o
complementarias de otras autonómicas y/o estatales para una conseguir atender de
manera rápida, coordinada y eficaz a los vecinos afectados por la crisis del coronavirus y
lograr que la recuperación económica y del empleo se produzca a la mayor brevedad”.
Además, insta al Ejecutivo a “prorrogar los plazos para que las Inversiones
Financieramente Sostenibles, financiadas con cargo al superávit de 2019, puedan
ejecutarse en 2021 dado que la suspensión de plazos administrativos como consecuencia
del estado de alarma conllevará que muchas de ellas no puedan acabarse en 2020”.
También solicita al Gobierno que implante medidas para que los Ayuntamientos puedan
aplicar su superávit a la finalidad prevista en el RDL 8/2020, como “la supresión del límite
de la previsión de la estabilidad presupuestaria en la liquidación de 2020; la sustitución de la función interventora por el control financiero permanente para la gestión de ayudas a
personas vulnerables; y que no sean consideradas subvenciones las prestaciones
económicas del Sistema de Servicios Sociales de CCAA y Entidades Locales a personas
y familias en situación o riesgo de emergencia y/o exclusión social”.
Finalmente, exige al Gobierno “respetar y garantizar la autonomía que la Constitución y
las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, del dinero público
que es de todos y cada uno de los españoles no de un gobierno en concreto”.
Asimismo, con otra Proposición no de Ley, el GPP insta al Gobierno “a permitir que las
entidades locales puedan desarrollar dentro del escenario presupuestario 2020, en el que
se incluye la aplicación del remanente de tesorería del año 2019, competencias que no le
son propias para complementar las medidas y ayudas puestas en marcha por otras
administraciones para hacer frente a la pandemia”.
De igual manera, reclama al Ejecutivo que eleve “la tasa de reposición al 100% de la
plantilla ya existente para los Ayuntamientos que han cumplido las reglas fiscales y
disponen de remanentes para posibilitar una eficaz prestación de los servicios públicos
(muchos de los cuales tienen el carácter de esenciales ante la crisis del COVID-19) ante
la existencia de numerosas vacantes en las plantillas y el envejecimiento de las mismas”.
El GPP exige también que se permita “levantar la suspensión de los plazos para la
tramitación de los procedimientos de las entidades del Sector Público decretada en la
Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma en lo relativo a la contratación pública para no interrumpir los
procesos de contratación de las entidades locales y así agilizar la recuperación económica
y del empleo tras la finalización del confinamiento”.
Dicha propuesta se justifica porque “permitiría a las administraciones locales seguir con
sus procesos de contratación habituales sin generar retrasos en los servicios ni colapsos
cuando finalice el periodo de confinamiento”.
Además, se pide al Gobierno que “considere la pandemia como una situación de grave
peligro, al objeto de que las Entidades Locales puedan adquirir bienes y contratar los
servicios y suministros necesarios para hacer frente a sus efectos, mediante la tramitación
de emergencia prevista en el art.120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público”.
Finalmente, se insta al Ejecutivo a “pagar los 700 millones que el Estado adeuda al
conjunto de las entidades locales del IVA correspondiente a diciembre de 2017; a poner
en marcha medidas extraordinarias de liquidez, especialmente para que aquellas
entidades locales que no hayan tenido superávit en sus cuentas públicas puedan poner
en marcha medidas y ayudas puestas frente a la pandemia; a designar a las entidades
locales como beneficiarias de aquellos Fondos de impulso prioritario de políticas sociales
y de reconstrucción social y económica que se habiliten por el Estado dirigidos a las
CCAA; y que la nueva programación de Fondos e Iniciativas Europeas 2021-2027 se
reoriente y adapte a la reconstrucción de las economías locales con la creación de fondos
específicos cuyos destinatarios sean las entidades locales”
