- El Alcalde argumenta que la ley que regula las Zonas de Mercado Residencial Tensionado se aprobó de espaldas a todos los agentes implicados en el sector inmobiliario y ha conseguido el efecto contrario al deseado
- Propone otras opciones, como el desarrollo de todos los ámbitos urbanísticos para edificar y destinar suelo comercial a construir vivienda de alquiler asequible
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha rechazado la invitación de la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, para que formar parte de una comisión de alcaldes que presente una propuesta de Ley ante la Mesa de la Asamblea de Madrid reguladora del procedimiento a seguir para la declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT), de conformidad con lo establecido en la Ley 6/1986, de 25 de junio, de iniciativa legislativa popular y de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
La iniciativa se basa en lo recogido en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, que permite a las comunidades autónomas intervenir en el mercado inmobiliario, entre otros, mediante la declaración de ZMRT para limitar el incremento de los precios.
El Pleno Municipal ya rechazó el pasado mes de noviembre una moción en ese mismo sentido, presentada por los grupos PSOE y Más Madrid. Los motivos del rechazo a declarar Boadilla como zona tensionada, que el Alcalde, Javier Úbeda, explica en la respuesta que ofrece a la Alcaldesa de Alcorcón, es que “la ley se aprobó de espaldas a los principales agentes del sector, como colegios profesionales, institutos de estudios, inquilinos, propietarios, empresas de la construcción y rehabilitación y gestores de vivienda”.
Además, hasta tres organismos se pronunciaron en contra de la norma. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señaló la incisiva vigilancia que la Ley ofrece a la Administración respecto al uso de la vivienda por parte de los propietarios, considerándolo “de problemático encaje en el orden constitucional de competencias».
El Instituto de Estudios Económicos indicó que «el control del alquiler no solo es ineficiente para lograr mejorar el acceso al mercado del alquiler, sino que es, además,
contraproducente, en la medida en que empeora la oferta en cantidad y calidad, con el consiguiente perjuicio a los colectivos de menor renta».
Por su parte, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada pronosticó que «la medida tendería, inevitablemente, a agravar los problemas de oferta, ahondaría en la inseguridad jurídica que ya sufren los propietarios y precipitaría el desincentivo a la inversión».
El Alcalde señala también que seis de los ocho recursos de inconstitucionalidad presentados ya han sido admitidos a trámite y cuestionan, entre otros aspectos, los criterios de identificación de las zonas tensionadas. “Los lugares en los que se debe aplicar se han decidido sin un mínimo estudio y análisis del impacto sobre la oferta de vivienda y el precio de los alquileres. Es más, desde que está en vigor la nueva ley, la oferta de alquiler se ha reducido y se ha encarecido, consiguiendo todo lo contrario de lo que pretendía”, ha explicado Úbeda, quien argumenta que Boadilla no se unirá a una normativa que “maltrata al propietario, desincentiva la inversión, protege al okupa, castiga el ahorro y dificulta el acceso a un hogar a todos aquellos que carecen de él”.
Javier Úbeda propone a su homóloga varias alternativas para facilitar el acceso a la vivienda en Alcorcón, como el desarrollo de todo el suelo residencial de la ciudad, como Alcorcón Norte o Retamar de la Huerta. “Poner en marcha estos ámbitos urbanísticos, no solo sería de gran ayuda para que el Ayuntamiento afrontara todas las deudas que ahora mismo tiene, entre otros motivos, por la quiebra de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (EMGIASA), sino que incrementaría la oferta del mercado residencial, haciendo más competitivos los precios”. Además, según Úbeda, llegarían más servicios a toda su área de influencia, como el Cercanías, una antigua aspiración de Boadilla, no atendida por el Gobierno actual, que ni siquiera remite las conclusiones del estudio de viabilidad realizado por el Ministerio de Transportes hace más de un año.
También le propone que Alcorcón ceda más suelo a la Comunidad de Madrid para que esta siga construyendo vivienda, como está haciendo a través del PLAN VIVE, con alquileres asequibles o destinar a estos también parte de sus suelos comerciales, una vez que el gobierno regional ha anunciado ya que los ayuntamientos podrán hacerlo.